¿Qué es un Plan para Defraudar en Florida? Fraude Organizado, Fraude de Comunicaciones y Sus Penas

¿Qué es un plan para defraudar (scheme to defraud) en Florida?

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¿Qué es un plan para defraudar (scheme to defraud) en Florida? Es el cargo de fraude más común del estado. Bajo la sección 817.034 de los Estatutos de Florida, la Ley de Fraude de Comunicaciones de Florida (Florida Communications Fraud Act), una persona que participa en un plan para defraudar y con ello obtiene bienes comete fraude organizado (organized fraud), y una persona que se comunica con alguien para llevar adelante ese plan con la intención de obtener bienes comete fraude de comunicaciones (communications fraud). La ley define el plan para defraudar como una conducta sistemática y continua con la intención de defraudar, y eso es lo que lo separa de un solo robo.

La ley se escribió para que la fiscalía pudiera perseguir planes modernos con muchas víctimas, y le da herramientas fuertes: el valor se suma, cada comunicación puede ser un cargo propio y todo se puede agravar con la ley de delitos de cuello blanco agravados. Por eso un caso que empezó como una sola disputa puede llegar como una pila de cargos de delito grave (felony).

Cómo se fija el grado del delito

El fraude organizado se gradúa según el valor total de los bienes obtenidos, y los valores de todo el plan se suman en lugar de contarse uno por uno. Defraudar a muchas personas por montos pequeños puede llevar el mismo grado que defraudar a una sola persona por un monto grande. Ese es el propósito de la regla de la suma y también su punto débil, porque el cálculo muchas veces se puede impugnar.

Cargo y lo que lo activa Grado Máximo
Fraude organizado, bienes por menos de $20,000 Delito grave de tercer grado Hasta 5 años
Fraude organizado, de $20,000 a menos de $50,000 Delito grave de segundo grado Hasta 15 años
Fraude organizado, $50,000 o más Delito grave de primer grado Hasta 30 años
Fraude de comunicaciones, cada comunicación por menos de $300 Delito menor (misdemeanor) de primer grado Hasta 1 año
Fraude de comunicaciones, cada comunicación por $300 o más Delito grave de tercer grado Hasta 5 años

Un cambio a la ley en 2024 sube el grado de estos delitos cuando la víctima tiene 65 años o más, es menor de edad o tiene una discapacidad, y agregó una demanda civil para la persona cuya imagen o apariencia se usó sin su permiso en un plan para defraudar. Por lo general, el plazo para presentar los cargos (statute of limitations) es de cinco años.

Al principio de mi carrera, mi práctica fue casi por completo de defensa de cuello blanco, con casos de fraude, cargos de conspiración y un proceso estatal por crimen organizado (racketeering). Ese trabajo formó mi manera de leer estos expedientes: por dónde se movió realmente el dinero, qué puede probar el Estado sobre la intención y dónde se cae un caso basado en documentos. Defiendo el lado estatal de estos casos aquí en Florida. Cuando un caso es federal o empieza a volverse federal, incorporo a un abogado federal de confianza o le remito el caso, para que usted tenga cubiertos los dos frentes. Más sobre por qué elegir a Safir.

Por qué se multiplican los cargos

Dos rasgos de la ley deciden cuántos cargos hay. El primero es que el fraude de comunicaciones se acusa por cada comunicación, así que un plan llevado a cabo con una docena de correos electrónicos puede convertirse en una docena de cargos. El segundo es la ley de delitos de cuello blanco agravados (aggravated white collar crime), sección 775.0844. Se aplica a quien comete al menos dos delitos de cuello blanco relacionados y, con ello, afecta a 10 o más personas mayores, a 10 o más veteranos, a 20 o más personas, o al Estado o a una de sus agencias, y obtiene o intenta obtener $50,000 o más. Es un delito grave de primer grado por sí solo, y la multa puede llegar a $500,000 o al doble de la ganancia o la pérdida, lo que sea mayor.

Hay límites. La Corte Suprema de Florida trata el robo de mayor cuantía (grand theft) como un delito de menor gravedad incluido dentro del fraude organizado, así que una persona no puede recibir condenas por ambos delitos por la misma conducta, y cuando eso ocurre se anula la condena por robo de mayor cuantía. Cortes de apelaciones de Florida también han permitido condenar por el delito de cuello blanco agravado junto con los delitos que lo componen, igual que con el crimen organizado, así que la acumulación se tiene que revisar cargo por cargo.

Lo que el Estado tiene que probar

Los elementos son más estrechos de lo que sugiere la amplitud de la ley. Para condenar por fraude organizado, el Estado tiene que probar dos cosas más allá de toda duda razonable: que la persona participó en un plan para defraudar y que obtuvo bienes como resultado. El primer elemento es el que pesa, porque la ley define el plan para defraudar como una conducta sistemática y continua con la intención de defraudar, y no un solo acto ni una sola declaración falsa que terminó causando una pérdida.

Esa definición es la línea divisoria. La ley se escribió para reunir las leyes de fraude anteriores y para que la fiscalía pudiera apoyarse en la jurisprudencia federal sobre el fraude postal y el fraude electrónico (mail fraud y wire fraud), lo que significa que el carácter sistemático y continuo de la conducta es esencial y no un detalle. Un solo negocio, aunque haya sido deshonesto, es un caso de robo o de obtener bienes con engaños (false pretenses), y no de fraude organizado. Exigir que el Estado pruebe esa conducta sistemática, y que pruebe la intención con hechos de ese momento y no con lo que se sabe después, es la base de la defensa.

Cómo se defiende un caso de plan para defraudar

La intención es el centro. El Estado tiene que probar una conducta sistemática con la intención de defraudar, y hay una diferencia real entre un fraude y un negocio que fracasó, un contrato que salió mal o una promesa que no se pudo cumplir. Reunir la explicación legítima, los documentos que muestran buena fe y la falta de ocultamiento ataca directamente el elemento que el Estado más necesita. Las cortes de Florida también han reconocido que haber actuado según el consejo de un abogado (advice of counsel) puede ser una defensa en los delitos que exigen una intención específica, como el plan para defraudar. Así, una persona que confió de buena fe en lo que le dijo su abogado sobre una transacción tiene un argumento real contra la intención que el Estado tiene que probar.

El valor es el segundo frente, porque el grado y la sentencia dependen de la cifra total. Revisar cómo contó el Estado, si hubo partidas contadas dos veces, si se ignoraron devoluciones o compensaciones y si las pruebas respaldan el total alegado puede bajar el caso un grado o eliminar cargos. El tercer frente son las pruebas mismas, porque estos casos se construyen con documentos y datos de cuentas digitales que muchas veces se obtuvieron mediante registros policiales y citaciones (subpoenas) que se pueden impugnar. Más sobre esto en el registro y la detención policial. Si le están investigando, puede pedir una sesión de estrategia.

Preguntas frecuentes sobre el plan para defraudar

¿Cuál es la diferencia entre el robo de mayor cuantía y el fraude organizado?

El robo de mayor cuantía (grand theft) es una sola apropiación. El fraude organizado bajo la sección 817.034 exige una conducta sistemática y continua con la intención de defraudar. La Corte Suprema de Florida trata el robo de mayor cuantía como un delito de menor gravedad incluido dentro del fraude organizado, así que una persona no puede recibir condenas por ambos delitos por la misma conducta, y cuando eso ocurre se anula la condena por robo de mayor cuantía.

¿Cómo se decide el grado del delito?

Por el valor total de los bienes obtenidos. Menos de $20,000 es un delito grave de tercer grado, de $20,000 a menos de $50,000 es un delito grave de segundo grado, y $50,000 o más es un delito grave de primer grado. Los valores de todo el plan se suman, y por eso la cantidad que alega el Estado muchas veces es la verdadera discusión.

¿Qué es el fraude de comunicaciones?

Es un delito aparte por cada acto de comunicación hecho para llevar adelante un plan para defraudar con la intención de obtener bienes. Cada correo electrónico, llamada o mensaje puede ser un cargo propio. Menos de $300 por comunicación es un delito menor de primer grado, y $300 o más es un delito grave de tercer grado.

¿Tiene el Estado que probar que el plan funcionó?

Para el fraude organizado, el Estado tiene que probar un plan para defraudar y que se obtuvieron bienes. La intención de defraudar es lo central, y un negocio que salió mal, una disputa de contrato o un fracaso comercial honesto no son lo mismo que un plan para defraudar. Esa línea es donde se defienden muchos de estos casos.

¿Se puede impugnar el valor?

Sí, y muchas veces se debe. Como el grado y la sentencia dependen del valor total, discutir cómo lo calculó el Estado, qué cuenta y si hubo partidas contadas dos veces puede bajar un caso un grado completo.

Más información: los delitos de cuello blanco y el fraude en Florida, el decomiso de bienes y cómo funciona un caso criminal.

Esta página es información general sobre la ley de Florida, no es asesoría legal y no crea una relación de abogado y cliente. La ley puede cambiar, y su aplicación depende de los hechos, así que confirme con un abogado cómo se aplica a su situación. Cada caso es diferente.


Attorney Rory Safir of Safir Injury and Criminal Defense Law

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